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11 febrero, 2011

Tienen razón (los vecinos) pero NO marche presa



Nuevos “milagros” de la In-Justicia en Corrientes:

(El Litoral, viernes 11/02/2011)

Casi 5 meses después, el Superior Tribunal de Justicia declaró nula la suspensión de 25 días que los ediles de Santa Ana habían aplicado a la intendenta Ana María Escalante. A pesar de sumar un nuevo guiño de la Justicia, la jefa comunal sigue en el banquillo del juicio político. Está acusada de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.
Los ministros del Superior Tribunal de Justicia hicieron lugar a la demanda presentada por la destituida intendenta de Santa Ana, Ana María Escalante, y declararon nula la suspensión por el término de 25 días que le había aplicado el Concejo Deliberante por no responder a una requisitoria en medio de la investigación que están llevando adelante para saber a dónde fueron a parar los fondos municipales durante el segundo semestre de 2009.
Así, Carlos Rubín, Guillermo Semhan y Juan Carlos Codello relataron en el fallo que “en tanto la Comuna no dicte su Carta Orgánica, debe regirse por la Ley Orgánica de Municipalidades. Esa normativa faculta al Concejo a pedir al Intendente informes y explicaciones que estime convenientes. Cuando esas explicaciones no satisficieran al Cuerpo (artículo 79) el jefe comunal puede ser apercibido o suspendido en sus funciones por el término no mayor de un mes cuando la gravedad del caso lo justifique”.
De acuerdo con el informe difundido ayer a la prensa, los ministros entendieron que “la suspensión de un Intendente, atento que desaloja de su cargo a un funcionario electivo, como así también la existencia de una mayoría especial exigida por ese artículo, determinan una interpretación literal y restrictiva de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por otra parte, si bien las sanciones administrativas son diferentes a las penales, en esta causa la Corte Provincial sostuvo que era dable aplicar la esencia restrictiva, no pudiendo extenderse por interpretación a otros casos”.
Además, los ministros observaron que el Concejo no le hizo saber a Escalante los fundamentos de la suspensión. De acuerdo con lo explicado, los ministros vieron que en el acta sólo se habla de 25 días porque en ese plazo “se podrá realizar una auditoría en los gastos e ingresos del Municipio del segundo semestre del año 2009, que fue en última instancia lo único que el cuerpo pretendió en todo momento”.
“No existen referencias a la falta de satisfacción (primer requisito exigido por la normativa) con respecto a las explicaciones de la jefa comunal; aún así Cabrera, único miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administración Municipal y Seguridad, aconsejó la suspensión”. Es decir, resumieron los ministros, “se la suspende por un incumplimiento y no por explicaciones no satisfactorias, lo que no configura el tipo de conducta previsto por la ley, para lo cual se asigna otro procedimiento”.
En este sentido, la asesora legal del Concejo, María del Carmen Calvano, comentó ayer a El Litoral que para el Superior Tribunal no es grave desoír el llamado de otro de los poderes del Estado municipal. “Para mí es un contrasentido. La Intendenta nunca quiso explicar qué hizo con ese dinero. Eso es peor que contestar mal, o que las respuestas no satisfagan a los ediles”, reflexionó.

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