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14 noviembre, 2010

La Corte suspendió la construcción del “Proyecto Ayuí”

(Una nota de Fernando Píttarro)


La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió ayer suspender por 90 días corridos la construcción de la represa Ayuí Grande, el emprendimiento arrocero del vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el magnate húngaro George Soros, que pretendía inundar 8000 hectáreas, eliminar 130 kilómetros de bosques en galería y adueñarse de un río en la localidad correntina de Mercedes.
El Máximo Tribunal hizo lugar a una acción de amparo presentada por el gobierno nacional contra la provincia de Corrientes, para que esta le eleve un informe de impacto ambiental sobre las obras previstas que permita “determinar si las mismas alteran el ecosistema del Río Uruguay y si se encuentran alcanzadas por la previsiones contenidas en los artículos 7º al 13º del Estatuto del Río Uruguay, de 1975”, resolvió la Corte.
“Las excusas invocadas por el señor gobernador (Ricardo Colombi), para no remitir a las autoridades nacionales la documentación que le fue requerida –agrega el escrito–, no constituyen razones suficientes para justificar esa negativa.”
Ricardo Freire, mano derecha de Aranda, se mostró compungido por el fallo. “Es una lástima que se frene este proyecto agroindustrial. Sería algo fabuloso para Corrientes. Si esto no sale, sería muy grave, porque estaríamos aceptando que la agricultura contamina” (ver recuadro).
El proyecto arrocero es una iniciativa de las empresas Copra, de José Antonio Aranda, y Adecoagro, de George Soros, para inundar 8000 hectáreas de las costas del Arroyo Ayuí regar otras 18 mil, y así producir arroz a gran escala.
Luego de la investigación del domingo 8 de agosto de Tiempo Argentino, que reveló el interés del vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda y el multimillonario George Soros de apropiarse de un dominio de bien público para lucro personal, comenzaron severos cuestionamientos ambientales y jurídicos al emprendimiento arrocero.
Según fuentes del Máximo Tribunal consultadas, “la represa va camino al olvido”. Ahora será el Estado Nacional el que deberá determinar si las obras perjudican el Río Uruguay y, por ende, a la relación bilateral con el país vecino. Una vez que el Ejecutivo haga su evaluación, deberá remitirla a la Corte para que esta se expida y decida si prorroga la suspensión o directamente prohíbe la obra.
Aníbal Parera, junto a la Fundación Iberá, fue uno de los pocos que se levantó en contra del emprendimiento cuando la mayoría estaba en silencio. En diálogo con este diario se mostró satisfecho por la decisión de la Corte de suspender las obras por 90 días. “La represa es algo inadmisible. No sólo perjudica la vida de los correntinos, sino que también hace peligrar el medioambiente provincial y hasta puede tener implicancias fronteras afuera. Se estaba torciendo la ley para favorecer a dos privados. Al fin, se hizo justicia.” (ver recuadro).
Una de las objeciones más escuchadas fue que el Ordenamiento Territorial de Bosques de Corrientes se hizo a la medida de los intereses que defendían Aranda y Soros. “La Ley de Bosques fue una copia del decreto que firmó el ex gobernador Arturo Colombi, que la Corte provincial declaró inconstitucional. Así, se autorizaba el desmonte en la zona del Espinal, justo donde se quería construir la represa del Ayuí”, aseguró la diputada María Inés Fagetti.
Una semana después de la primera investigación, el domingo 15 de agosto, Tiempo dio a conocer documentos exclusivos que certificaban la preocupación del Estado Nacional sobre el tema. Se trataba de varias cartas y notas internas que intercambiaron altos funcionarios de la Cancillería argentina; de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; y de la Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (DACARU). Manejaron el tema en absoluto resguardo, entre el 3 de septiembre de 2008 y el 16 de febrero de este año. De manera inesperada, el negocio de dos empresarios privados podía terminar en un nuevo roce diplomático con Uruguay ya que el Ayuí desemboca en el Río Miriñay y este en el Uruguay.
Así fue que el primer funcionario nacional en reaccionar fue el canciller Héctor Timerman, quien a través de la red social Twitter, escribió: “La represa de Ayuí no se va a convertir en una nueva Botnia porque la Argentina va a denunciar esto.”
El 20 de agosto, una vez que los medios de comunicación uruguayos se habían hecho eco de la investigación de este diario, el canciller Timerman declaró: “Estamos evaluando presentaciones judiciales para evitar que se ponga en marcha este emprendimiento, las actuaciones serían contra las autoridades que puedan autorizar la obra (…) si, como creemos, el proyecto es dañino para el medioambiente y violatorio de un tratado internacional, vamos a actuar”.
Y, efectivamente, la presentación judicial se realizó el 3 de septiembre. La llevó adelante el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, en representación del Estado Nacional. En aquella oportunidad se mostró confiado y afirmó: “Yo estoy convencido de que el amparo va a frenar las obras”, y al mismo tiempo, objetó el emprendimiento por las consecuencias ambientales y jurídicas que podría traer:
“¿Por qué vamos a complicar nosotros un emprendimiento económico? Ahora, cuando un emprendimiento económico se lleva puesto la cuestión ambiental y un tratado internacional, entonces tenemos que resolverlo. Hay que asegurarles a los correntinos que no van a tener problemas ambientales y a todos los argentinos que no va haber un conflicto con Uruguay”, indicó el funcionario.
El tema se instaló en la agenda pública y llegó hasta la máxima instancia judicial, que ayer determinó la suspensión de las obras proyectadas por 90 días hasta que el Estado Nacional valore las implicancias del Proyecto Ayuí Grande.<

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